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SOCIEDADES ANÓNIMAS De los negocios sobre las propias acciones.Parte II.
La adquisición derivativa.
     

 

ENERO 2007

Continuando con los negocios sobre las propias acciones, vamos a referirnos ahora a la adquisición derivativa, la que  no se produce en el momento de su emisión sino con posterioridad. A diferencia de lo que ocurre en relación con la adquisición originaria de acciones propias, prohibida de manera absoluta por la Ley de Sociedades Anónimas (LSA), la adquisición derivativa queda condicionada al régimen recogido en el art. 75 LSA, de manera que se admite que la sociedad pueda adquirir sus propias acciones o las emitidas por su sociedad dominante siempre que:

  1. Sea la junta general de accionistas quien autorice la adquisición. Este acuerdo deberá establecer las modalidades de adquisición , el número máximo de acciones a adquirir, el precio mínimo y máximo de adquisición y la duración de la autorización , cuyo plazo máximo será, por ley, de dieciocho meses.
  2. Cuando se adquieran acciones de la sociedad dominante esa autorización deberá proceder también de la junta general de esta sociedad.

  3. El valor nominal de las acciones que se adquieran , sumándose al valor de las que, en su caso, ya posean la sociedad adquirente y sus filiales, y la sociedad dominante y sus filiales, no exceda del 10% del capital social. Este porcentaje se fija en el 5% cuando las acciones cotizan en un mercado secundario oficial ( disp. adic.1ª.2 LSA)

  4. La adquisición permita a la sociedad adquirente y, en su caso, a la sociedad dominante dotar en el pasivo de su balance una reserva indisponible equivalente al importe de las acciones propias o de la sociedad dominante computado en el activo, debiendo mantenerse esta reserva en tanto las acciones no sean enajenadas o amortizadas.

  5. Las acciones adquiridas se hallen íntegramente desembolsadas.

Estos son los requisitos que, con carácter general, la ley exige para considerar lícita la adquisición derivativa de acciones, contemplándose como consecuencias de su infracción las mismas expuestas en nuestro boletín anterior  en relación con la adquisición originaria, salvo que el requisito incumplido sea el de su total desembolso. En este caso, la sanción que impone  el art. 76.2 LSA es  la nulidad del negocio de adquisición.

Sin embargo, conviene tener también en cuenta que hay determinados supuestos en  los que no resultan de aplicación los requisitos antes mencionados. La LSA se refiere a estos supuestos de libre adquisición en su art. 77, enumerando los siguientes casos:

  1. Cuando las acciones propias se adquieran en ejecución de un acuerdo de reducción del capital adoptado por la junta general de la sociedad.

  2. Cuando las acciones formen parte de un patrimonio adquirido a título universal

  3. Cuando las acciones que estén íntegramente liberadas sean adquiridas a títulos gratuito.

  4. Cuando las acciones íntegramente liberadas se adquieran como consecuencia de una adjudicación judicial para satisfacer un crédito de la sociedad frente al titular de dichas acciones.

Cuando las acciones propias son adquiridas de manera regular, es decir de forma lícita, por haber cumplidos todos los requisitos enumerados en el art. 75LSA, o bien por tratarse de alguno de los supuestos de libre adquisición sin que el porcentaje de acciones adquiridas sumadas a las ya poseídas  exceda del 10% del capital social , la sociedad podrá mantenerlas libremente, con independencia de que dicha acciones queden sometidas al régimen de las acciones propias regulado por el art. 79LSA.

Por el contrario, si las acciones adquiridas sumadas a las poseídas exceden del 10% del capital social deben ser enajenadas en un plazo máximo de tres años a contar desde su adquisición, o amortizadas por reducción de capital, tal como dispone el art. 78 LSA. De no producirse la enajenación en el plazo indicado, se procederá a la adopción judicial de estas medidas, a instancia de los administradores o de cualquier interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 76 LSA.

Para finalizar, y debido a su importancia, vamos a reiterar en este punto lo recogido en nuestro boletín anterior  en cuando a la responsabilidad de los administradores de la sociedad que incumple en materia de adquisición derivativa de acciones el régimen de la LSA.

Tal como establece el art. 89 LSA, se reputarán responsables de la infracción los administradores de la sociedad infractora y, en su caso, los de la sociedad dominante que hayan inducido a cometer la infracción. A estos efectos se consideran administradores no sólo los miembros del Consejo de administración, sino también a los directivos o personas con poder de representación de la sociedad infractora.

En cuanto a la sanción, se fija una multa por importe de hasta el valor nominal de las acciones suscritas adquiridas por la sociedad o por un tercero  con asistencia financiera  o aceptadas en garantía por ésta o, en su caso, las no enajenadas  o amortizadas cuando debió hacerse.

El plazo de prescripción de estas infracciones es de tres años y el órgano al que se atribuye la competencia para iniciar, instruir y resolver el correspondiente expediente sancionador.

 

Amparo González de la Iglesia
Abogada - Experta en Derecho Mercantil.
www.creacion-empresas.com

 




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