Los administradores de la sociedad están sometidos en su actuación al cumplimiento de toda una serie de deberes y el incumplimiento  de los mismos unido a la producción de un daño  a la propia sociedad, a los socios o a los acreedores sociales  son los presupuestos de su responsabilidad .....

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De nuevo presentamos un artículo publicado en la revista "Emprendedores" del mes de febrero, para el que han contando con nuestra colaboración. En esta ocasión se trata de abordar la compleja, prolija y enrevesada legislación en materia de operaciones vinculadas y su tratamiento fiscal. Aunque nos pueda parecer que cuando hablamos de "operaciones societarias" nos estamos refiriendo a asuntos ajenos a la realidad cotidiana de las pymes, nada más lejos de la realidad. La abundante legislación existente en esta materia afecta de lleno al día a día de las pequeñas empresas ya que se regulan materias tan familiares como las operaciones que se producen entre los socios, administradores y familiares y las sociedades: préstamos socio<->sociedad, alquileres socio<->sociedad, salarios socio trabajador-sociedad, facturas en sociedades de profesionales, etc.

En definitiva, será dificil encontrar una sociedad que no resulte afectada por esta legislación y, por tanto, a la que no resulte interesante conocer, aunque sea en una primera aproximación, los entresijos de lo que, sin duda, puede suponer, dependiendo de su aplicación práctica final, una nueva vuelta de tuerca para las numerosas y frágiles pymes españolas, sobrecargadas ya de obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, servicios de la sociedad de información, protección de datos, subcontratación, etcétera, etcétera, además de las consabidas obligaciones fiscales, laborales, mercantiles y contables.

Cuando estas empresas tienen que trabajar el doble y tratar a la vez de ahorrar costes, todas estas obligaciones no hacen más que aumentar la losa que sin duda pesa sobre ellas. Siendo imposible estar informado así como comprender y cumplir tantísimas obligaciones, no queda más salida que contar y pagar los servicioso de asesores más o menos expertos para que al menos intenten disminuir el riesgo de sufrir multas millonarias que acaben con el medio de vida de todos aquellos valientes que han apostado por tener una pyme. Y el problema es que en la mayoría de los casos con las pequeñas empresas ocurre lo mismo que con los asalariados: son los que menos defraudan a Hacienda porque son los más controlados y los que, por volumen ingresos, tienen menos capacidad y posibilidades de hacerlo, ya que viven la mayoría de las veces con lo justo y asumiendo mayores riesgos. Qué lejos están nuestros gobernantes de esta realidad y que lamentable resulta comprobar su falta de verdadero interés por buscar soluciones frente a un objetivo puramente recaudatorio.